ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y HACIENDA POR LA QUE SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO Y LAS MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA LA RECUPERACIÓN GRADUAL DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA PRESENCIAL EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA REGIÓN DE MURCIA.

La crisis sanitaria ocasionada por COVID-19 ha supuesto un reto para toda la sociedad y ha puesto a prueba la respuesta de las Administraciones Públicas. La Administración Pública Regional ha debido actuar para la protección de la salud de toda la ciudadanía prestando una especial atención a los colectivos más vulnerables, así como para adoptar las medidas organizativas y preventivas necesarias con respecto a su propio personal y para la atención a la ciudadanía.

En esta tarea, la profesionalidad, el compromiso y la motivación de todo el personal empleado público ha sido fundamental; la responsabilidad, el esfuerzo y el valor de todos los colectivos, especialmente los de los servicios sanitarios y asistenciales merecen la admiración y agradecimiento de toda la sociedad murciana y el reconocimiento expreso del Gobierno Regional.

La Administración Regional y las Organizaciones Sindicales representadas en la Mesa Sectorial de Administración y Servicios constituyeron el día 30 de marzo de 2020 una Comisión Permanente que ha realizado el seguimiento del impacto de la situación ocasionada por la crisis sanitaria en su personal. Esta Comisión ha venido desarrollando sus trabajos semanalmente.

Las previsiones con respecto a la evolución de la crisis, si bien lentamente, parecen conducirnos afortunadamente a un escenario en el que poco a poco se vuelve la normalidad. Ante esta situación la Administración Pública Regional debe movilizarse activamente en ese proceso como elemento básico de soporte para atender las necesidades de la ciudadanía.

Con respecto al personal de la Administración General de la Comunidad Autónoma, los días 12 y 14 de marzo de 2020, por Orden del Consejero de Presidencia y Hacienda, se dictaron las primeras medidas sobre garantías para la prestación de los Servicios Públicos, que fueron complementadas con las instrucciones de la Dirección General de Función Pública y de las diferentes Secretarías Generales y Órganos Directivos.

Por tanto corresponde ahora determinar de una forma organizada y planificada las actuaciones que nos conducirán a recuperar la actividad ordinaria de la Administración Pública Regional y la vuelta a la normalidad dentro de las previsiones que a tal efecto realice el Gobierno de la Nación y las autoridades sanitarias competentes.

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