DISCAPACIDAD – El IMAS promociona el acceso al empleo de las personas con discapacidad o problemas de salud mental que viven en residencias y viviendas tuteladas

A los usuarios de servicios de atención residencial que accedan a un empleo no se les incrementará su copago de la dependencia a pesar del aumento de su capacidad económica por los ingresos derivados del empleo

La Ley de Presupuestos de 2022 modifica la Orden de 27 de junio de 2011 por la que se establecen los precios públicos para la prestación de los servicios del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia y del Sistema de Servicios Sociales. Con dicha modificación se evita el aumento en la cuantía del precio público que hasta ahora debía abonar el usuario, derivada del incremento de su capacidad económica.

El Instituto Murciano de Acción Social (IMAS), a través de la Dirección General de Personas con Discapacidad, ha introducido esta mejora gracias a la cual se fomenta el acceso al empleo, la promoción de la autonomía personal y la inclusión en la comunidad. Así, los usuarios de servicios de atención residencial, con discapacidad o problemas de salud mental, que accedan a un empleo no incrementarán su copago de la dependencia a pesar del aumento de su capacidad económica por los ingresos económicos derivados de este.

Una iniciativa que, tal y como apuntó la directora general de Personas con Discapacidad, Conchita Ruiz, “se enmarca en el plan de medidas del IMAS para fomentar los servicios de promoción de la autonomía personal de las personas con discapacidad o problemas de salud mental, en concreto de aquellas que viven en residencias y viviendas tuteladas”.

Hasta ahora, se daban casos de personas con discapacidad que rechazaban oportunidades laborales porque con su sueldo aumentaba la capacidad económica y lo que ganaban lo debían destinar al copago por el servicio de residencia. “Esto tenía un claro efecto desmotivador sobre las personas que podían acceder a un empleo y renunciaban a él”, explicó Conchita Ruiz.

La finalidad de esta medida es que las personas usuarias de residencias y viviendas tuteladas que así lo deseen se incorporen al ámbito laboral y puedan aportar su trabajo a la sociedad al tiempo que cotizan a la Seguridad Social. En definitiva, que sean tratados en condiciones de igualdad al resto de la ciudadanía con los apoyos que necesiten desde los Servicios Sociales.

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